El Director de la FRA, de visita oficial a España, ha mantenido un encuentro con la sociedad civil y los movimientos sociales, entre los que se encuentra el CERMI en representación de la discapacidad organizada.

 

En esta reunión, el CERMI, entidad miembro de la Plataforma de derechos fundamentales de la FRA, planteó al representante europeo algunas de las cuestiones más relevantes en materia de derechos fundamentales y discapacidad.

 

Así, la Delegada de Derechos Humanos del CERMI, Ana Sastre, le informó de que en las últimas elecciones al Parlamento Europeo alrededor de 80.000 personas con discapacidad no pudieron votar porque las leyes españolas no reconocen su derecho como consecuencia de su discapacidad. Además han existido otras barreras tanto físicas como actitudinales que han dificultado que otros votantes con discapacidad pudieran participar en las elecciones en igualdad de condiciones.

 

La falta de reconocimiento de la capacidad para ejercer determinados derechos a personas con discapacidad permite la violación de otros importantes derechos; el de integridad física cuando se práctica la esterilización en contra de la voluntad de la persona afectada, normalmente mujer, o el derecho de libertad, cuando se procede a la detención y la privación de libertad en un proceso que no cuenta con las garantías de los derechos fundamentales tal y como ha declarado el Tribunal Constitucional.

 

La crisis económica ha llevado a los poderes públicos a aplicar  grandes recortes en las políticas de promoción de la accesibilidad o la autonomía personal, o en los apoyos a la educación. 

 

Todo esto, a juicio del CERMI, crea una situación de grave riesgo de pobreza para las mujeres y los hombres con discapacidad que además presentan situaciones de exclusión laboral con enorme dificultades para acceder al mercado de trabajo.

 

El CERMI ha solicitado también a la FRA que ponga en marcha mecanismos que permitan controlar que las políticas de cohesión de la Unión Europea contribuyen a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad.